Comunicado de SOS Racismo y Harresiak Apurtuz ante la retirada de una guía para víctimas de violencia de género del Ayuntamiento

-         PP, PSOE y PNV niegan el derecho de las mujeres inmigrantes a
recibir información veraz sobre las consecuencias de denunciar violencia
sexista

-         La reforma de la Ley de Extranjería sigue instando a abrir órdenes
de expulsión a las víctimas, que se reabren si la sentencia no les es
favorable

El PP y el PSOE pidieron ayer la retirada inmediata de una guía para mujeres
inmigrantes porque desaconsejaba a éstas denunciar situaciones de violencia
de género ante la Policía Nacional porque si lo hacían podrían ser
expulsadas del país. 

A estos partidos, el segundo promotor de la reforma de la Ley de Extranjería
y el primero el único que pide endurecerla aún más, no les ha indignado el
hecho de que a las mujeres que denuncian malos tratos se les abra una orden
de expulsión, sino que esa información objetiva resulta “difamatoria” para
el Cuerpo de la Policía Nacional. No les inquietan tanto los mensajes
difamatorios que estos mismos partidos vierten contra las personas
inmigrantes. Ayer mismo, el portavoz del PP en el Senado Eugenio Jesús
Gonzálvez declaró que “un inmigrante irregular es un delincuente”, acusación
completamente falsa, ya que no tener papeles no es un delito sino una falta
administrativa. 

El Ayuntamiento ha retirado la Guía, a pesar de que la explicación de la
edil Nekane Alonso, responsable de la misma, se ajusta completamente a la
realidad: “Cualquier actuación ante el Cuerpo Nacional de Policía, que es el
único cuerpo que tiene competencias en materia de extranjería, conlleva la
apertura de un expediente sancionador que puede llevar aparejada la
expulsión si la solicitud de orden de protección no se concede o si, aún
concediéndose, la sentencia no resulta condenatoria”. 

El PSOE ha vendido la reforma de la Ley de Extranjería, que se aprobó
recientemente en el Congreso y se votará en el Senado la semana que viene,
como una Ley garantista que incrementa la protección a las mujeres
inmigrantes víctimas de violencia de género. Sin embargo, como bien explicó
ayer la concejala, la reforma explicita (y eleva por tanto a grado de Ley
Orgánica) que a las víctimas se les abrirá al denunciar “expediente
administrativo sancionador incoado por infracción del artículo 53.1.a)
[estancia irregular] que quedará suspendido hasta la resolución del
procedimiento penal”. “Cuando del procedimiento penal concluido no pudiera
deducirse la situación de violencia de género, continuará el expediente
administrativo sancionador inicialmente suspendido”, añade el texto.

Es decir, se propone que las mujeres inmigrantes en situación irregular
denuncien malos tratos sabiendo de antemano que se les abrirá una orden de
expulsión que será reanudada si la sentencia no les da la razón. Todo indica
que las enmiendas presentadas por grupos como Izquierda Unida o Entesa
Catalana de Progrés para eliminar toda amenaza de expulsión que actúe como
obstáculo a la hora de denunciar no van a prosperar.

PP, PSOE, PNV (accediendo a retirar la guía) y Ezker Batua (por omisión, ya
que no se han posicionado pese a formar parte del Consistorio bilbaíno)
están negando a las mujeres inmigrantes el derecho a recibir información
veraz sobre las consecuencias que tiene denunciar a la Policía Nacional. Por
todo ello, SOS Racismo-Bizkaiko SOS Arrazakeria y Harresiak Apurtuz
exigimos:

-          Que la nueva reforma garantice sin condiciones la protección a
las víctimas de violencia de género. En primer lugar, no abriendo expediente
sancionador por estancia irregular y, en segundo, habilitando un mecanismo
alternativo a la denuncia, como el reconocimiento por parte de personal
sociosanitario.

-          Que los partidos que afirman defender los derechos de las mujeres
se posicionen ante la enmienda presentada en el Senado en la que se exige
que ante las denuncias de malos tratos no se pueda iniciar un procedimiento
de expulsión

-          Que, en todo caso, todas las instituciones, incluidos el
Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno vasco y el central, proporcionen a las
mujeres inmigrantes información veraz sobre las consecuencias que supone
denunciar violencia de género. 

Expresamos nuestro contundente rechazo a toda Ley de Extranjería, cuya
esencia se basa en reconocer derechos diferentes a las personas en base a su
origen; política que quebranta la igualdad de derechos creando diferentes
categorías de ciudadanas y ciudadanos. Es una ley injusta, inhumana e
ineficaz que castiga especialmente a las mujeres inmigrantes, quienes sufren
una doble discriminación por razón de origen y género. El miedo real a ser
expulsadas dificulta que denuncien formas de violencia tales como los malos
tratos por parte de su pareja o ex pareja, ser víctimas de trata sexual o de
agresiones sexuales.

Los colectivos que firmamos este texto apostamos por una sociedad en la que
todas las personas sean iguales en derechos, independientemente de su género
u origen nacional. Las normativas de extranjería chocan con este principio
democrático básico y obstaculizan la lucha contra todas las formas de
violencia machista.